Los detenidos ante el rescate de un comerciante en Tecamachalco, habían privado de la vida a un campesino cuyo cuerpo fue localizado

 

Uno de los objetivos que el Fiscal General del Estado determinó al crear en su momento la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, hoy Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, fue la concentración de todos los casos de secuestro en una sola unidad a efecto de que toda la información que cada caso arrojara en las áreas de logística, operativa, inteligencia, tecnología y análisis, permitiera relacionar los diferentes modos operacionales y aspectos particulares, para esclarecer los casos actuales, el rescate de víctimas y generar políticas de prevención.

 

Lo anterior permitió que la Fiscalía General del Estado resolviera dos casos más de secuestro; en uno de ellos lamentablemente privaron de la vida a la víctima.

 

El lunes 4 de junio, se dio a conocer a los medios de comunicación que la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto logró desarticular a una banda de secuestradores que operaba en Tecamachalco, asegurando a tres de sus integrantes: Abimael N., de 20 años de edad, alias “La Barbie”; Edgar N., de 22 años de edad, alias “El Mojarras” o “El Chifilín” y María Fernanda N., de 24 años de edad.

 

El cúmulo de información que vierten las carpetas de investigación, permitió establecer la relación de los asegurados en dos eventos anteriores, el primero de ellos referente a un médico de 63 años de edad, vecino de Tecamachalco, por quien exigían la cantidad de 5 millones de pesos para liberarlo con vida. Fue privado de la libertad al momento en que se trasladaba a su rancho, sin embargo, en la madrugada del mismo día en que fue capturado logró escaparse de la casa de seguridad.

 

Por lo que hace al segundo evento, la víctima era un comerciante de 57 años de edad, originario y vecino de Tecamachalco, quien fue privado de la libertad al momento de dirigirse con su hija a la Central de Abastos en Huixcolotla, generando diversas llamadas de exigencia económica en la que solicitaron la cantidad de 5 millones de pesos a cambio de liberarlo con vida. Finalmente se estableció el pago de 157 mil pesos, el cual fue entregado a los captores al tercer día de cautiverio en las inmediaciones de Alseseca, Tecamachalco, sin que estos liberaran a la víctima.

 

La información recabada por el área de análisis, tecnología, campo y gabinete en los tres casos relacionados a esta banda delictiva permitió generar líneas de investigación de distribución de funciones, así como de movimiento-tiempo a efecto de delimitar espacios y lugares en los que se desenvolvieran cada uno de los asegurados.

 

Los datos obtenidos generaron más de 5 inspecciones en diversos lugares a los alrededores de Tecamachalco por parte del personal de investigación adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, en las que resultó trascendental la participación del cuerpo canino de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

 

Una de esas inspecciones fue la realizada el pasado 7 de junio en la población de Lomas de Santa Cruz, Tecamachalco, en donde se hicieron acompañar por binomios caninos y por el grupo de bomberos del municipio de Tepeaca, así como del Centro de Protección a Víctimas del Delito, de la Institución. 

 

Esta acción coordinada, derivó en la ubicación de un cuerpo sin vida sepultado en las inmediaciones de un camino de terracería, aproximadamente a metro y medio de profundidad, el cual presentaba las vestimentas que fueron identificadas por los familiares del comerciante privado de la libertad, sin embargo y dado el estado en que fue hallado el cuerpo, el agente del Ministerio Público solicitó llevar a cabo el estudio de ADN correspondiente para complementar la identificación. 

 

En próximos días, la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto judicializará ambos casos por el delito de secuestro, este último con la agravante de haber privado de la vida a la víctima y cuya pena va de 80 a 140 años de prisión, sin mediar algún beneficio para los imputados de acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro.