Con el argumento de que es información confidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de su gabinete ocultan cuántas pruebas de detección de Covid-19 se han realizado con recursos públicos desde el 27 de febrero y cuáles fueron sus resultados.
En respuesta a un ejercicio realizado por Latinus a través de 26 solicitudes de información, secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel del gobierno federal no entregan esta información de interés público, la cual permitiría conocer cómo se ha utilizado el dinero del erario para protegerlos y si la aplicación de pruebas ha sido parte de las medidas de prevención que han adoptado frente a la Covid-19.
Las solicitudes vía transparencia requirieron información del presidente de la República, de los secretarios de Estado, de cuatro funcionarios de la Presidencia, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En todos los casos se pidió la cantidad de pruebas, las fechas de aplicación y los resultados de cada examen desde el 27 de febrero.
En 10 respuestas la información se clasificó como confidencial, en cinco ocasiones indicaron que no la encontraron, pero que no la entregarían en caso de que la tuvieran, y en ocho señalaron que no la resguardan en sus archivos. También se dieron respuestas únicas: la Secretaría del Trabajo alegó que no son datos de su competencia, la Secretaría de Turismo explicó que no ha comprado exámenes de detección y sólo la Secretaría de Marina entregó la información como se le requirió.
La Secretaría de Salud, que encabeza la estrategia de combate a la Covid-19, argumentó que la aplicación de las pruebas de detección son parte del expediente clínico de los funcionarios Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y Jorge Alcocer, secretario de Salud, por lo cual reservó la información y no la entregó.
La Secretaría de la Función Pública, a donde podrían derivarse las funciones del INAI, de acuerdo con la reorganización que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró la inexistencia al considerar que es información personal de su titular Irma Eréndira Sandoval.
En las cinco solicitudes enviadas a la Oficina de la Presidencia de la República, la respuesta fue la misma: la información no está en sus archivos y si apareciera no la entregaría porque es confidencial. De esta forma, es imposible conocer la cantidad de pruebas que el presidente López Obrador y su círculo más cercano, como su secretario particular, su jefe de asesores, su jefe de oficina y su coordinador de comunicación social, se han aplicado desde el 27 de febrero.
La respuesta obtenida vía transparencia contradice al presidente López Obrador, que el lunes 19 de octubre aseguró en su conferencia matutina que cada semana se hacía un examen de detección de Covid-19.
“Me hago una prueba por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes, mañana me corresponde, llevo como unas seis, ocho”, aseguró.
Entre las secretarías que clasificaron la información como confidencial se encuentran Salud, Seguridad, Economía, Bienestar, Defensa y Comunicaciones y Transportes.
La opacidad de las dependencias federales contrasta con la transparencia de la Secretaría de Marina que entregó, sin pretextos, los resultados y las fechas de las pruebas que se han aplicado desde el 28 de febrero a su titular, el almirante José Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con la información proporcionada, Ojeda Durán se realizó pruebas el 2 de julio, el 17 de octubre y el 23 de octubre. El resultado del 17 fue positivo y al día siguiente el secretario de Marina informó en su cuenta de Twitter que era asintomático y se aislaría en su casa.
Destaca también la respuesta de la Secretaría de Turismo que fue clara al señalar que no ha gastado recursos públicos en pruebas de detección para ninguno de sus funcionarios y que no sabe si su titular Miguel Torruco acudió a examinarse en un laboratorio particular.
