Una jueza de Control vinculó a proceso a dos colaboradores de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por la presunta contratación ilegal de monitoreo y mejora de los comedores comunitarias en zonas de alta marginación de Estado de México, por una suma de 400 millones de pesos.
De acuerdo con Reforma, la impartidora de justicia Beatriz Moguel Ancheyta, determinó que existen elementos suficientes para procesar por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades a los exfuncionarios, Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de Sedesol; además de José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
Asimismo, impuso la presentación quincenal ante la autoridad, la restricción para salir del país y el pago de una garantía de 70 mil pesos a cada uno de ellos, como medidas cautelares.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que la Sedesol no habría verificado que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con este contrato, mismo que adjudicó sin licitación.
