Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción fue lo que permitió llevar a tribunales los casos Odebrecht y la Estafa Maestra.

 

“Lo que pasó con Lozoya, lo que pasó con la Estafa Maestra, lo que ha sucedido en muchos de los casos que han sido llevados ante la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía los ha llevado a los tribunales, son un gran mensaje”.

 

“Un mensaje de que debemos de mantener el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay una política de cero tolerancias a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad”.

 

La empresa brasileña Odebrecht fue acusada de haber sobornado a funcionarios de todos los niveles en 12 países, a cambio de que le otorgaran contratos ventajosos. En México se vinculó a Odebrecht con Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

 

En el caso conocido como la Estafa Maestra, se descubrió que entre 2013 y 2014 varias dependencias federales firmaron convenios con universidades estatales por un monto de 7 mil 670 millones de pesos.

 

Las universidades cobraron comisiones por mil millones de pesos y contrataron a empresas fantasmas para realizar los servicios.

 

De los 7 mil 670 millones de pesos que entregó el gobierno a las universidades se desaparecieron 3 mil 433 millones de pesos.

 

Santiago Nieto Castillo indicó que en los casos Odebrecht y la Estafa Maestra no basta con castigar a los jefes de departamento que firmaron los contratos, sino también a los secretarios de Estado que son responsables de las instituciones.

 

“A pesar de que haya ex secretarias y ex secretarios de Estado que no hayan firmado los contratos, esto no los exime de responsabilidad, son responsables por encubrimiento y son responsables, además por comisión, por omisión”.

 

“Ellos y ellas tenían la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en su espacio administrativo y no lo hicieron valer, y esto implica una responsabilidad en términos de la normatividad penal”.