El 18 de septiembre de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con el apoyo de Tojil, presentó denuncia formal contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que resulten responsables del desvío de aproximadamente 7 mil millones de pesos de recursos públicos evidenciado en la investigación periodística "La Estafa Maestra", realizada por MCCI y Animal Político, publicada el 4 de septiembre de 2017 y ganadora del premio Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018. Con motivo de la denuncia, se formó la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 ante la hoy Fiscalía General de la República (FGR).


 
En la denuncia se solicitó que se le reconociera el carácter de víctima a MCCI por el presunto desvío de dinero del erario público – tal y como le fue reconocido a Tojil en el caso Duarte en el mes de mayo-, lo cuál le permitiría tener acceso pleno a la carpeta de investigación, aportar más pruebas de los presuntos desvíos, en su caso, impugnar cualquier acto del Ministerio Público en el proceso y participar abiertamente en las audiencias que se desprendan del juicio. Sin embargo, la FGR se negó a reconocer tal carácter a MCCI, quien ha acudido ante las instancias judiciales correspondientes para tratar de revertir la decisión.



El día de hoy, distintos medios de comunicación dieron a conocer la solicitud, por parte de la Fiscalía General de la República, de una audiencia para formular imputación y vinculación a proceso en contra de Rosario Robles por la posible comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. En consecuencia, un Juez Penal en el Reclusorio Sur citó a la exfuncionaria para comparecer a una audiencia que tendrá lugar el próximo 8 de agosto.


 
Para MCCI y Tojil es indispensable, no solamente que se lleven a cabo investigaciones con transparencia y se respete el debido proceso, sino también que se tomen las medidas necesarias para alcanzar la verdad y que, en su caso, se castigue a todos los servidores públicos y funcionarios de empresas privadas que pudieron haber participado en la red de corrupción que reflejó la investigación “La Estafa Maestra”.