La Cuarta Transformación encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, abrió otro frente en uno de los sectores que, por décadas, ha sido abandonado o utilizado para fines propagandísticos del gobierno en turno: los medios de comunicación del Estado Mexicano.
Hace unos días, el mandatario propuso a Jenaro Villamil como nuevo director del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Armando Casas como titular del Canal 22, Sanjuana Martínez para la agencia de noticias Notimex, José Antonio Álvarez Lima en el Canal 11, Gabriel Sosa Plata en Radio Educación, Fernando Coca en el Canal 14, Lidia Camacho en Televisión Educativa y Aleida Calleja en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
Las reacciones
El anuncio provocó reacciones de todo tipo, la mayoría favorables, ya que varios de ellos gozan de reconocimiento en el ámbito periodístico como Villamil y Martínez, algunos en el cine como Casas y el resto, en la academia o vinculados con la radiodifusión y el derecho a la información como Sosa y Calleja.
Dichas incorporaciones llegan a frenar la caída de los medios públicos, los cuales no se fortalecieron por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida el 14 de julio de 2014 por el entonces jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Remar contracorriente
Además de los obstáculos legales, las radiodifusoras y televisoras del Estado, deben enfrentar dos problemas: No generan contenidos atractivos que compitan con los medios comerciales y el segundo, el bajo rating (en los segmentos infantil y juvenil), debido al auge que viven las redes sociales y los servicios de streaming.
El financiamiento, producción, dirección y difusión de cualquier proyecto es un reto y en los públicos (o culturales) lo es más, pues la audiencia está migrando hacia las comunidades o plataformas virtuales que ofrecen diversidad, pluralidad, portabilidad y son gratuitas o de costo accesible para el internauta.
Sin fondos
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2018, el SPR contó con 220 millones de pesos ($), mientras que al Canal 11 (operado por el Instituto Politécnico Nacional), se le asignaron $579.5 millones y al Canal 22, un total de $172.7 millones, sólo por citar algunos.
Los recursos económicos que estos manejan son limitados y menores en comparación con los 6 mil 577 millones de pesos de utilidades que registró Televisa en 2017.
Falta de visión y “malinchismo”
Tan importante es la calidad en los contenidos como la interpretación de la realidad, es decir, los medios (en general) no han sabido entender los nuevos tiempos, lo que la gente quiere en cuanto a entretenimiento, noticias o educación.
Actualmente, el Canal 11, 14 y 22 llenan su programación con series, documentales o películas hechas en los años noventa (o anteriores) y con “productos” importados de otros sistemas como la Deutsche Welle o France 24, que si bien son de calidad, no responden a los gustos del mexicano.
La televisión y la radio públicas deben ser atractivas, con formatos originales y llamativos que les permitan diferenciarse de las fórmulas impuestas por los concesionarios, así como explorar estrategias que atraigan a las nuevas generaciones, será el doble reto de esta industria de aquí en adelante.
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