En la entidad fueron consumados 15 homicidios en contra de autoridades, políticos y familiares

 

(Belén Cancino) Puebla fue el estado más violento del país entre la clase política durante el año pasado, al reportar un total de 148 agresiones, incluidos 15 homicidios, perpetrados en contra de autoridades, políticos y familiares, según el Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultora Etellekt.

 

De acuerdo con el estudio de la compañía experta en análisis político y de riesgos, durante el año que recién concluyó y en todo el país, se registraron 914 agresiones o actos delictivos en contra de la integridad física y psicológica de actores políticos y personas cercanas a ellos, aunque la mayor incidencia, de 16 por ciento, se concentró en la entidad.

 

Y es que en Puebla se contabilizaron un total de 148 hechos violentos, tales como homicidios dolosos, amenazas, lesiones con arma de fuego y otros instrumentos, tentativas de homicidio con arma de fuego, secuestros y privaciones ilegales de la libertad, robos con y sin violencia y atentados contra familiares, una cifra muy superior a las de otros estados considerados con peores condiciones de seguridad como Guerrero y Michoacán, que ocupan el segundo y tercer lugar con 87 y 69 agresiones, respectivamente.

 

Entre algunos detalles disponibles en el documento se expone que la entidad se encuentra en la primera posición por el registro de amenazas y actos de intimidación a figuras políticas, autoridades y sus familiares, con 67 casos de las 345 que se contabilizaron en las 32 entidades del país.

 

Asimismo, aunque con 21 reportes, encabeza la lista de los estados con más lesiones provocadas por arma blanca, golpes y explosivos.

 

Mientras que por la comisión de homicidios, Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 15 asesinatos, los mismos que Michoacán, pero después de Guerrero que sumó 26 y Oaxaca que registró 24.

 

Aunque el Informe de Violencia Política en México 2018 de Etellekt no precisa los nombres o cargos de las víctimas, sí señala que de las 15 personas asesinadas, cuatro eran políticos afines a los partidos políticos que ostentaban el Gobierno del Estado, pero la mayoría, 11, pertenecían a institutos políticos de oposición.