La justicia federal no protegió ni amparó a la alcaldesa de Puebla, quien busca librarse de órdenes de aprehensión, así como la intervención de sus comunicaciones

 

https://www.diariocambio.com.mx/2021/media/k2/items/cache/b2691be32794a946856b6fa678e0e3e1_L.jpg?t=20210922_090607(José Campos) La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no logró obtener la suspensión definitiva del segundo amparo que tramitó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, mientras que su primer proceso fue sobreseído al no comprobarse que haya una orden de aprehensión girada en su contra.

 

El Poder Judicial de la Federación resolvió las dos impugnaciones presentadas por Rivera Vivanco casi de manera simultánea, sólo con cuatro días de diferencia, dejando desprotegida a la presidenta municipal de cualquier orden de aprehensión girada en su contra.

 

La primera de sus impugnaciones, presentada en mayo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal con el expediente 519/2021, contra una orden de aprehensión girada contra Claudia Rivera Vivanco tuvo su resolución el pasado 17 de septiembre, donde el juez responsable se decantó por sobreseer la impugnación presentada por la actual edil.

 

El motivo de la sentencia del juez se fundamenta en la inexistencia de alguna orden de aprehensión girada en contra de Claudia Rivera tras los informes presentados por las autoridades señaladas, aunque no se negó la realización de investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, según el documento en poder de CAMBIO.

 

Durante el proceso, la edil sólo utilizó el trámite como un amparo ‘buscador’, puesto que no se presentó al período probatorio y la fase de alegatos, sólo esperó a la negación de las autoridades señaladas por los actos reclamados, en este caso la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

 

El segundo de los amparos presentado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con el expediente 701/2021 estaba enfocado en una orden de intervención a sus comunicaciones privadas por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

 

Según las síntesis del caso, publicadas en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal, la autoridad señalada acató una suspensión provisional promovida por el juez responsable, luego de que la alcaldesa tuviera que corregir su amparo inicial al no haber especificado a las autoridades que señalaba por los actos denunciados.

 

Tras el litigio, el juez determinó no conceder el amparo, debido a que la intervención de llamadas telefónicas es un método de investigación utilizado por la instancia federal y regulada por la ley, por lo que no se contaban con los argumentos necesarios para evitar que ésta se aplicara contra la presidenta municipal.