El organismo fue utilizado como trampolín político 

 

El incremento de la violencia contra las mujeres, el rechazo a la emisión de la Alerta de Violencia de Género e incluso convertirse en un trampolín político para perfiles del gobierno en turno es el saldo que dejó la operación del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), disuelto por la actual administración para dar paso a la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

 

La operación de este organismo público descentralizado cobró relevancia previo a que se solicitara por primera vez la Alerta de Violencia de Género en 2016. De acuerdo con datos oficiales, de 2015 a noviembre del 2019, la entidad pasó de seis a 56 feminicidios, los casos de violencia familiar de 5 mil 24 a 8 mil 349 y los de violación de 413 a 524.

 

El artículo 4 fracción XII del decreto de creación del IPM expone que el organismo tenía como atribución impulsar la creación de instrumentos, mecanismos y metodologías para la atención integral de las mujeres con el fin de prevenir, combatir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres.

 

Fue hasta mediados del 2016 que se llevaron a cabo diversas acciones encabezadas por el IPM ante la emisión de 11 recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) con el fin de evitar la declaratoria de la Alerta de Género.

 

A partir de ese año también se incrementaron los recursos para el organismo, ya que pasaron de 12 millones 628 mil pesos de acuerdo con la cuenta pública de ese año, a 42 millones 584 mil pesos en 2019 según la Ley de Egresos de ese ejercicio fiscal.

 

EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA

 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, la incidencia delictiva relacionada con hechos de violencia contra la mujer tuvo un incremento, del 2015 al 2019. A mediados del 2016 que se avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Género se pretendió reducir sobre todo la violencia feminicida, sexual y familiar.

 

Las cifras disponibles revelan el incremento de feminicidios alcanzando cifras récord, pues en 2015 se tenían registradas las denuncias de seis ejecuciones, en el 2016 se contabilizaron 12, en el 2017 sumaron 27, en 2018 un total de 32, y de enero a noviembre del 2019 se alcanzaron 56 carpetas de investigación por homicidios en razón de género.

 

La incidencia en materia de violencia familiar tuvo un incremento de casi 40 por ciento en cerca de cinco años, pues en el 2015 se tenía el registro de 5 mil 24 casos, en 2016 de 5 mil 586, durante el 2017 fueron 6 mil 327, para el 2018 se alcanzaron 7 mil 296, mientras que de enero a noviembre del 2019 sumaron 8 mil 349.

 

Del mismo modo, tuvieron un aumento las denuncias por violación. En esta incidencia, se detalla que los casos de violación simple fueron de 413 en 2015, 537 en 2016, 521 en 2017, 546 en 2018 y 524 en 11 meses del 2019. Mientras, la violación equiparada se duplicó en el mismo periodo, pues se denunciaron 135 en 2015, 112 en 2016, 147 en 2017, 271 en 2018 y 339 en 2019.

 

¿QUÉ SE HIZO EN EL IPM?

 

Prácticamente dese su creación, el IPM ha tenido como titulares a mujeres que participan activamente en partidos políticos, esto se acentuó desde la administración de Rafael Moreno Valle, donde hubo cinco titulares en seis años de gobierno.

 

En esa administración, personajes ligados al Partido Acción Nacional (PAN) dejaron el organismo para participar en cargos de elección popular u otras actividades políticas, entre las titulares se encuentran: Blanca Jiménez Castillo, Genoveva Huerta Villegas y Verónica Sobrado Rodríguez. Como directoras también estuvieron Mónica Lara Chávez y Alibeth Molina González.

 

Durante los procesos para la emisión de la Alerta de Género estuvieron a cargo Verónica Sobrado en el 2016 y en su momento mencionó que no era necesaria su activación; para 2017 ya en la administración de Antonio Gali, la ahora senadora Nadia Navarro aseguró que acataría la declaratoria, pero acusó tintes políticos en la discusión del tema.

 

Entre el 2016 e inicios del 2019 las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali se dedicaron al cumplimiento de recomendaciones por la acumulación de diferentes solicitudes de Alerta de Género. Fue hasta abril del año pasado en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido que se declaró.

 

Entre las principales acciones que realizó el IPM en estos años, se encuentra la apertura de unidades de atención y desarrollo para las mujeres, ubicadas en la capital, así como en los municipios de Tehuacán, Huauchinango, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, Huitzilan de Serdán, Eloxochitlán, Atlixco, Ajalpan, San Antonio Cañada, Zoquitlán, San Martín Texmelucan, Xiotepec, Teziutlán y Acatlán de Osorio.