Las ciencias jurídicas fueron creadas para dar orden a las sociedades establecidas. Han sido las insurgencias sociales las que han contribuido a nutrir los textos normativos para que sean tan diversos como la humanidad y sus necesidades. Algunas de estas demandas, traducidas en clave de derechos fundamentales, fueron analizadas por especialistas durante la última edición de la Cátedra Cossío de la IBERO Puebla.
IDENTIDADES INVISIBLES
Tanto las poblaciones indígenas como las afrodescendientes son agrupadas dentro del concepto jurídico de etnicidad. Pese a que ambas viven grandes problemáticas para tener acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, las segundas luchan prácticamente desde el anonimato: no fue sino hasta 2019 que se reconoció la identidad afromexicana dentro de la Constitución.
La encuesta intercensal del INEGI de 2015 arrojó que el 1.2% de la población mexicana tiene raíces africanas; es decir, alrededor de 1,381,853 personas. La población que se identifica como tal se encuentra principalmente distribuida en los estados del sur: Guerrero concentra al mayor número de personas pertenecientes a este grupo.
La Dra. Roxana Rosas Fregoso, académica de la IBERO Tijuana, reflexionó sobre algunos de los derechos de los que esta fracción poblacional no goza con plenitud. La población afromexicana en México no tiene acceso a una educación intercultural, sino que estudia bajo un modelo dominante que no atiende las necesidades de estos grupos. Como consecuencia, presentan los mayores rezagos educativos.
Lo mismo ocurre en cuestiones de salud. A nivel continental, la falta de acceso a servicios públicos provoca que la esperanza de vida para las poblaciones afrolatinas sea seis años menor que la del grueso poblacional no étnico. Estos y otros factores son reflejo de una discriminación estructural que ocasiona rezagos históricos en el cumplimiento de derechos fundamentales.
Rosas Fregoso señaló que algunas prácticas culturales de la población étnica han fortalecido la violencia de género, por lo que la abogacía tiene entre sus cuentas pendientes hallar la forma en que se puedan conciliar las tradiciones étnicas con los marcos jurídicos para la paridad.
EL PROBLEMA DE LAS CÁRCELES
Ecuador está de luto. O debería estarlo, según Andrés De la Vega Grunauer. Entre el 28 y 29 de septiembre ocurrió la peor masacre de la historia del sistema de rehabilitación ecuatoriano. Un total de 118 personas privadas de la libertad perdieron la vida durante una disputa entre bandas criminales por el control de centros penitenciarios.
El hacinamiento ha sido una constante en los centros penitenciarios (actualmente es del 30%). Una de las hipótesis del sobrecupo que condujo a la masacre de hace unas semanas es el uso excesivo de la prisión preventiva: cuatro de cada diez personas privadas de la libertad se encuentran en proceso.
Como advirtió el catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las olas de criminalidad se ven motivadas principalmente por las condiciones sociales precarias en materia económica, sanitaria, medioambiental y educativa. “Si queremos dejar de invertir en tanta policía, si queremos oxigenar la administración de justicia, hay que invertir en prevención [del delito]”.
Los ecuatorianos privados de la libertad son primordialmente personas arrestadas por delitos relacionados con drogas y contra la propiedad, delitos que, a decir del especialista, se relacionan con necesidades económicas. Además, más del 55% de la población penitenciaria no ha concluido sus estudios de secundaria.
De la Vega Grunauer consideró que los derechos son justiciables, lo que obliga a las autoridades a acercarlos a todas las personas. “Las políticas públicas son instrumentos para hacer viables las garantías individuales. Para eso se necesita que el Estado destine recursos. Si no, son solo intenciones bonitas”.
DERECHOS AMBIENTALES
La Comarca Lagunera es una región del norte del país que se encuentra en el corazón del desierto de Chihuahua. En ella desembocan los ríos Nazas y Aguanaval, así como más de 50 acuíferos. Pese a su riqueza hídrica, las autoridades alegan constantemente que la zona presenta problemas de escasez de agua. La Mtra. Midgy Yosdel García Vargas se pregunta si se trata de un problema de cantidad o de gestión.
Para consumo humano, la zona recurre al acuífero Principal-Región Lagunera, el cual recarga 518 millones de metros cúbicos al año. No obstante, la extracción real asciende hasta 1,200 millones de metros cúbicos al año. Para satisfacer la sobredemanda, se realizan perforaciones al suelo de hasta a 500 metros de profundidad, espacio en el que el agua contiene altos niveles de arsénico.
El agua no es para el campesino común, sino para sostener el trabajo de la cuenca lechera más grande de Latinoamérica, por lo que las extracciones de agua contaminada llegan a los hogares de las comunidades rurales. “Lo que se cuestiona es la pertinencia en el tiempo. Al hacer esta conversión nos colocamos en una situación de mayor vulnerabilidad porque dependeremos de los ríos a sabiendas de que existen periodos de sequías”.
De ahí la importancia de contar con un marco jurídico que proteja los derechos ambientales, mismos que se dividen en dos clasificaciones: los sustantivos (relacionados con la protección de la biodiversidad) y los adjetivos (orientados a las dinámicas sociopolíticas). Mientras que los primeros parten de los valores protectores de la Madre Tierra, los segundos contemplan herramientas jurídicas para una justicia ambiental.
Como apuntó el Mtro. José Manuel Martínez Rosales, las prospectivas jurídico-ambientales buscan que sea el consenso científico interdisciplinar el que pavimente el camino para determinar los modos de proceder frente a la reparación del daño ambiental. Al mismo tiempo, se busca consolidar el concepto de hecho jurídico ambiental con la finalidad de que sea posible tomar acciones legales frente a abusos como los que ocurren en la Laguna.
