La IBERO Puebla dio inicio a la edición Otoño 2021 de la Cátedra Cossío, esfuerzo de los programas académicos de Derecho de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) por situar la disciplina en temas de urgencia nacional e internacional. Las 13 universidades participantes analizarán los impactos de la pandemia en temas de migración, desaparición de personas, educación y derechos sociales.
El Derecho debe actuar como contrapeso a las dolencias del mundo. El Mtro. Mario Patrón aseguró durante la inauguración del evento que, en el contexto de una crisis institucional generalizada, es imprescindible abrir espacios de análisis crítico para acompañar las problemáticas de la realidad.
Con el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como contexto, el Rector de la Universidad Jesuita exhortó a los participantes a conformar un saber jurídico que pueda ser puesto al servicio de los demás. “El Derecho debe ser un instrumento que traduzca las exigencias de la realidad a procesos que conduzcan a construir pautas de acción que mejoren la administración de la justicia”.
El ministro en retiro José Ramón Cossío agregó que la Cátedra que lleva su nombre fue creada con la intención de sumar habilidades pragmáticas al ejercicio jurídico, al tiempo que la abogacía asume sus responsabilidades frente a las grandes problemáticas que aquejan al país y al mundo.
Por su parte, la Dra. Lilia Vélez indicó que temas relacionados con los derechos humanos suelen quedar relegados en las agendas públicas, por lo que su análisis debe trascender a las prácticas legales para encontrar nuevos caminos hacia la justicia. “Debemos considerar al Derecho como una herramienta para derribar las barreras de un mundo injusto”, aseguró la directora general Académica.
Las múltiples mesas de trabajo contarán con diferentes perspectivas de México y América Latina. El Mtro. Juan Luis Hernández, Rector de la IBERO Torreón, recordó que las universidades jesuitas impulsan el aprendizaje movilizado en el contacto directo con la realidad. Esta pedagogía del servicio fue reiterada por el Mtro. David Fernández, SJ, quien llamó a los juristas a transitar del formalismo jurídico al fortalecimiento del Estado de derecho y de la justicia social.
MIGRAR ES UN DERECHO HUMANO
En 2015, la ONU incluyó la migración entre los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En dicho eje se establece que los países deben asegurar un sistema migratorio regular y seguro para las 272 millones de personas que han abandonado sus lugares de origen.
Durante la primera mesa de trabajo de la Cátedra Cossío, la Mtra. Emely Manzano de la UCA en El Salvador destacó que para gobernar la migración es necesario contar con estructuras organizativas que permitan regular la actuación de los Estados frente a las personas en movilidad. El fin último, destacó, debe ser el establecimiento de una gestión segura, ordenada y regular.
Cada región enfrenta este reto de manera distinta. Países como Perú se han convertido de la noche a la mañana en receptores de personas migrantes, particularmente provenientes de Venezuela. De acuerdo con un informe elaborado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cerca de la mitad de las personas migrantes en territorio peruano (más de medio millón) no han podido recibir el estatus de refugiados, lo cual restringe el acceso a servicios básicos.
Desde el aspecto social, los peruanos se han visto influidos por discursos políticos y mediáticos que estigmatizan a las personas migrantes. Como reflexionó la Dra. Analí Gabriela Briceño, esto ha avalado la criminalización de la migración a nivel social y legislativo.
Carencias de agua, energía eléctrica, inflación del 415%, delincuencia generalizada y crisis de derechos humanos. Estas son algunas condiciones que mueven a las personas venezolanas a abandonar su país y buscar puerto en nuevos horizontes. Colombia se ha convertido en uno de sus destinos predilectos en los últimos cuatro años.
La Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) ha adoptado la coyuntura para hacer escuela de derechos humanos a través de voluntariados, actividades de alto impacto y la atención jurídica a más de 2,200 migrantes. Ello ha contribuido a que los propios migrantes señalen que, pese a todo, Colombia ha dado respuestas favorables a las caravanas que llegan desde las cordilleras comunes.
Pero existen cuentas pendientes. De acuerdo con una investigación coordinada por la Mtra. Juliana Patricia Morad de la PUJ, la población migrante enfrenta muchos problemas de regularización del estatus de residencia. Si bien se han emprendido programas para acelerar este proceso, no ha sido suficiente para dar atención a las masas.
Argentina ha vivido una realidad distinta en el tránsito de personas. En la primera mitad del siglo XX se programó una inmigración europea que cimentó las bases de su actual clase media. Posteriormente, los flujos migratorios fueron encabezados por personas de países limítrofes. Fue hasta 2002 que, en el Acuerdo de Residencia del Mercosur, se establecen principios para el libre tránsito y residencia.
Actualmente, las personas que llegan a Argentina son mayoritariamente jóvenes (24 años en promedio), mujeres (54.8%), y con escolaridad limitada; construcción y servicio doméstico son sus principales ocupaciones. “La inmigración nos engloba a todos. Detrás de cada migrante hay una persona que se desplaza por obligación. El mundo tiene espacio para todos”, afirmó el Dr. Rodrigo Méndez de la Universidad Católica de Córdoba.
México es el tercer país con el mayor número de emigrantes en el mundo (12 millones), pero también es una zona con amplio flujo migratorio en donde las personas en tránsito son vulnerables al tráfico y la trata de personas. Para que los gobiernos puedan actuar para erradicar estos delitos es necesario terminar con el discurso que entiende la migración como un problema.
El Mtro. Luis Xavier Carrancá de la IBERO Ciudad de México afirmó que desde el Derecho hay una obligación de erradicar el punitivismo y el discurso antiinmigrante albergado en las propias políticas públicas. “Nuestras leyes tienen institucionalizada la discriminación, la xenofobia y la criminalización de la migración”, sentenció.
