El problema de la desaparición de personas en México se remonta al decenio de los setenta, periodo conocido como “la guerra sucia”. Sin embargo, hoy día son más de 60 mil personas de las que se desconoce su paradero y suerte.
A pesar del paso del tiempo y de la cantidad de personas desaparecidas pocas cosas han cambiado: las autoridades siguen sin dar una respuesta a la altura del problema y los perpetradores siguen gozando de impunidad.
Los que sí han cambiado son los familiares de las víctimas de desaparición: han trascendido el dolor y en su búsqueda se han convertido en expertos en protocolos, en encontrar fallos en la labor de los ministerios públicos, en peritos forenses y en piezas fundamentales para el diseño de leyes y políticas públicas en torno al problema.
Por esta razón, el Foro de Reflexión y Propuestas sobre las Desapariciones de Personas en Jalisco dedicó su segunda jornada a revisar el papel que han jugado los familiares como un nuevo actor en el tablero.
“No podemos aceptar buenas leyes que no se aplican”
Una de las mesas de diálogo del segundo día del foro estuvo dedicada a analizar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada en 2017 y cuya característica principal es que en su diseño contó con la colaboración de colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.
En esta mesa participaron Angélica de la Peña, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y Jorge Verástegui González, cuyos hermano y sobrino están desaparecidos desde hace once años y desde entonces ha acompañado a familiares en la búsqueda de sus seres queridos.
De la Peña, quien presentó un panorama general de la ley, destacó el hecho de que se trata de una legislación nacional que debe ser adoptada por todos los estados. También dijo que la ley está cimentada sobre dos columnas que son producto del trabajo de los colectivos: la búsqueda y la investigación.
La exlegisladora resaltó la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Fosas, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y del Protocolo Homologado de Búsqueda, entre otros instrumentos contemplados en la ley, y destacó “la importancia de la participación de las familias en el monitoreo y evaluación de los planes de búsqueda”.
Por su parte, Jorge Verástegui señaló que el proceso de creación de la ley fue inédito en el país, ya que por primera vez “un movimiento social se sentó a negociar con el Senado y este se sentó a escuchar a las víctimas”.
Sobre el texto de la ley enfatizó que “crea un andamiaje jurídico que no existía, porque no había una legislación explícita sobre búsqueda”. Verástegui dijo que el reto principal es lograr la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para lograr la implementación de la ley, algo en lo que coincidió Angélica de la Peña al señalar que uno de los temores que rodean a la ley es que “si va a los estados no va a pasar nada. Es necesario exigir la rendición de cuentas porque de lo contrario las cosas no van a cambiar”.
De la ley en cuestión se ha dicho que es una de las más completas a escala internacional. Sin embargo, De la Peña afirmó que en México se tiene que cambiar el paradigma, ya que “no podemos aceptar que haya buenas leyes que no se aplican. No podemos perpetuar ese modelo. Necesitamos exigir la aplicación de la ley, y hacerlo judicialmente”.
Concluyó que el país difícilmente va a comenzar un proceso de paz si no se aclara dónde están los desaparecidos y cuál ha sido su suerte. A su vez, Jorge Verástegui expresó que ya no es posible legislar sin tomar en consideración la voz y los conocimientos de los familiares que están buscando a sus seres queridos, y lamentó que en Jalisco se quiera aprobar una ley en apenas tres días, cuando la Ley General se tomó tres años de trabajo.
“La lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”
La mesa de cierre puso el foco sobre el papel activo de familiares y colectivos en el diseño de políticas públicas relacionadas con el problema de la desaparición de personas. En ella participaron Araceli Salcedo Jiménez, fundadora del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Ana Paulina Cerdán, directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica, y Margarita Sierra, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco, quienes fueron moderadas por Carmen Chinas, investigadora de la Universidad de Guadalajara, quien calificó como “clave y definitiva” la intervención de familiares y colectivos para lograr avances como la no criminalización, el diseño de protocolos de investigación y búsqueda, así como la presión para generar leyes.
Sobre el desempeño del gobierno estatal en torno a este tema, Margarita Sierra dijo que desde su llegada a la secretaría —“que es única en el país”— se ha buscado trabajar de cerca con los colectivos en un diálogo permanente.
Señaló que hay cuatro instancias trabajando de manera permanente en el tema —una fiscalía especializada, un comisionado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Víctimas— y añadió que gracias al trabajo conjunto con las familias se diseñó un manual con el protocolo que deben seguir quienes tengan un familiar desaparecido.
“Estamos claros de la importancia de colaborar con los colectivos y las familias para saber de primera mano qué necesitan”, dijo Sierra.
Araceli Salcedo, quien busca a su hija Rubí desde septiembre de 2012, lamentó que a lo largo de estos años ha visto cómo las familias han aprendido “a organizarse, a hacer búsquedas en vida y en muerte, a ser investigadores y a ser trabajadores de servicios periciales, todo porque las instituciones no lo hacen”.
Compartió que el colectivo que encabeza agrupa a 360 familias de Veracruz y calificó como “terrible” que los gobiernos sean tan indolentes y que sean las familias las que tienen que ponerles en la mesa los insumos para leyes y protocolos que ni siquiera deberían de existir.
“El Estado no se cansa de repetir que no estaban preparados para el fenómeno de la desaparición, pero en realidad para lo que no estaban preparados era para que las víctimas alzáramos la voz”, dijo Salcedo.
Ana Paulina Cerdán señaló que el logro más importante de las familias hasta ahora es “la construcción de un nuevo sujeto social: las víctimas organizadas. No es sencillo, han tenido que transformar el dolor en fuerza, en coraje, para construir espacios autogestivos y llevar a cabo tareas que no les corresponden. Las víctimas son un sujeto activo que le habla al gobierno y a la sociedad en su conjunto, han logrado cambiar narrativas”.
Al hablar de los retos, Margarita Sierra dijo que desde el gobierno el principal desafío es la velocidad a la que avanza el problema. “Nos desborda, lo acepto. Necesitamos trabajar para articular información, hacer planes conjuntos entre las instancias, formar a las autoridades para que entiendan por lo que pasan las familias, generar empatía y romper la desconfianza”.
Cerdán señaló que es necesario caminar todavía más en el reconocimiento y el conocimiento del derecho que tienen las familias a participar en el diseño de políticas públicas, pero también en sus casos particulares. También habló de la necesidad de asignar recursos, crear protocolos de participación y espacios de consulta, y “abrir espacios para la participación de familias que no forman parte de los colectivos”.
Con firmeza, Araceli Salcedo enfatizó que “es importante que el gobierno deje de simular que hace un trabajo que en realidad no hace”, y señaló que es importante seguir haciendo acciones concretas. Finalmente, reiteró su petición de conocer la verdad del paradero de su hija, su exigencia de justicia, y que seguirá buscando porque “la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”.
