Desde hace algunos días en las comisiones unidas del Senado de la República, la de Justicia y Anticorrupción, y la de Participación Ciudadana, se llevaron a cabo las comparecencias de los candidatos(as) para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, En la última jornada de comparecencias, participaron las senadoras Marcela Torres Peimbert, Layda Sansores San Román, Cristina Díaz Salazar, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Ivonne Liliana Álvarez García; los senadores Héctor Yunes Landa, Jorge Aréchiga Ávila, Ricardo Urzúa Rivera, Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García, Ernesto Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Luis Humberto Fernández Fuentes, y la senadora independiente Martha Tagle Martínez; y el próximo 21 de marzo se remitirá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el dictamen que acredite la idoneidad de los candidatos que se evaluaron. Sin embargo se denota una total parcialidad en las y los senadores integrantes de las comisiones que llevan a cabo este proceso, incluso se dice que existió un Comité Ciudadano donde aparentemente algunas organizaciones en su gran mayoría como siempre son de la ciudad de México, quienes no representan la voz de las 32 entidades federativas del país, por lo tanto el proceso no fue ciudadanizado como pretenden hacer creer a la opinión pública mexicana.

 

 

 

Estamos convencidos de que en estos proyectos como otros de igual importancia nunca tuvieron la intención de convocar con la debida anticipación y responsabilidad a las organizaciones sociales de México autodenominadas por el gobierno de la sociedad civil, pero debemos de subrayar y resaltar que muchas de estas organizaciones si no es que casi todas reciben apoyos de los tres niveles de gobierno, sector privado y de la clase política mexicana , y un grupo muy reducido que no son más de 25 en todo el país son las denominadas Asociaciones Civiles que nunca tienen apoyos de ningún gobierno ni de ningún partido ni del sector privado porque sus actividades siempre se han enmarcado dentro de lo dispuesto en la Constitución Política Mexicana y en la de cada uno de  los estados, y puesto que si no son controlables del sistema no tiene caso invitarlas a un proceso nada trasparente e irresponsable donde la clase política mexicana una vez más trata de justificar el gasto millonario de recursos públicos en aras de los anhelos y las necesidades de todos los mexicanos como es el combate frontal a la corrupción, ustedes recordaran que en años pasados con muchísimo dinero público se dio vida institucional a un organismo del gobierno autodenominado SECODAM, ayer y hoy, Secretaría de la Función Pública, y a varias décadas de existir estas instituciones nunca han dado un resultado efectivo contra la corrupción que se padece principalmente en los servidores públicos tanto federales como estatales, municipales y locales, que hacen del desvió de recursos públicos una actividad de 24 horas los 365 días de cada año, y no hay sanciones ni administrativas ni civiles, ni penales, cuando bien nos va solo los cambian de puesto o de plano hasta les dan un mejor cargo y/o los envían a otros países con cargo al erario nacional, todo con tal de no sancionarlos y fomentar la impunidad.

 

Por este concepto de combatir la corrupción administrativa y económica se han erogado billones de pesos, hoy se argumenta que una dependencia del gobierno una de las más importantes del país de perfil policiaco como lo es la PGR por decreto gubernamental cambiara su siglas pero el supuesto procurador es gente muy cercana al presidente de la república, su pasado y presente es de muy dudosa reputación por estar siempre al servicio del presidente de la república, y también se dice que el futuro fiscal anticorrupción será designado por el pleno del senado de la república, aquí existe un grave problema los senadores(as) son empleados del presidente de la republica aun cuando los contribuyentes mexicanos son los que les pagamos y finalmente será el presidente de la república quien designe a través del senado al supuesto fiscal anticorrupción, el presidente dice: “Que la Corrupción es Cultural” siendo esto totalmente falso, si sufrimos las y los mexicanos un sistema político corrupto y corruptor como entender que esto es cultural, ahora nos vienen con el cuento de que ahora si se debe combatir la corrupción, pero en México existen dos vertientes de corrupción la administrativa que nunca da frutos y la económica nos hace en pueblo más pobre y vulnerable, ubicándonos a casi todos los mexicanos(as) en el más completo estado de indefensión, en otras entidades federativas como en Tlaxcala en los años pasados le dieron vida a un servidor público por cada municipio siendo un total de 60 y les denominaron “contralores municipales” quienes supuestamente vigilarían las sana aplicación de los recursos públicas de cada uno de los 60 municipios, pero nunca rindieron ningún informe mucho menos alguna productividad, después desaparecieron a estos entes y le dieron vida a otra figura donde un regidor de cada municipio sería el encargado de la defensa de los derechos humanos, este nombramiento tampoco funciona pues ni siquiera saben el significado de estos derechos ni de donde provienen por lo tanto al ciudadano ninguna de estas figuras le son redituables pero si muy costosas, el gobierno argumenta que desea acabar con la corrupción pero en los hechos no aplica los recursos públicos más indispensables que permitan a un destacado número de ciudadanos ejercer a plenitud sus facultades dentro de la ley retorcida de la fiscalía anticorrupción.

 

C. Isidro Sánchez Piedra,

Defensor de Derechos Humanos        

 

 

TODOS LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN SON RESPONSABILIDAD DE SU AUTOR, Y NO NECESARIAMENTE REPRESENTA EL PUNTO DE VISTA DEL PORTAL POLÍTICA PUEBLA


                                                                              

                                         

 1                                             

espadas