Lo que comenzó como una de las apuestas más interesantes para reunir en el mismo escenario a Luis Miguel y a Alejandro Fernández, ha trasmutado en un laberinto jurídico que, aunque de manera lenta, avanza.

 

La historia, que bien podría apelar a los clásicos teledramas de la televisión nacional, comienza con un acto de buena voluntad para llevar a los representantes del pop y mariachi a una gira juntos. Llevaría el nombre de “Pasión”. Sin embargo, como en todo drama, uno de los protagonistas se convirtió en villano, faltó a su palabra y desde entonces todo ha sido un interminable peregrinar a los juzgados.

 

El 2 de noviembre del 2015, en las oficinas de Guadalajara de Alejandro Fernández, se firmó una carta de intención que auguraba buenas cosas, al grado que el 11 de diciembre de ese año se hizo el anuncio de la gira. Con un anticipo de un millón 200 mil dólares para Luis Miguel, la empresa de los Fernández comenzó a solventar los gastos. Vendría después otro adelanto por casi 750 mil dólares. También hubo un encuentro más en Punta Mita, donde estuvieron los cantantes y los representantes de ambos, Daniel González Hartman y Carlos de la Torre, en el que se negoció un adelanto por más de tres millones de dólares. Y fue todo. Luis Miguel y sus representantes desaparecieron de la mesa de negociaciones y se negaron a devolver el dinero porque “el artista y ellos no regresaban anticipos”.

 

Ante ello los abogados de Alejandro Fernández denunciaron en busca de recuperar el dinero invertido, no así la gira, que dan por perdida. En entrevista, Rodrigo Lazo, abogado de los Fernández y uno de los encargados de llevar el caso, declara que el proceso avanza, y están en la fase de integrar la carpeta de investigación, que no es otra cosa que una bitácora del agente del Ministerio Público, para llevar registro de la investigación que realiza y permite al órgano investigador construir la teoría del caso que tendrá que determinar al cierre de la investigación y acreditar en la audiencia de juicio oral.

 

“Actualmente se está integrando la carpeta de investigación, esperamos que esté concluida en 20 días como máximo, una vez que eso esté concluido, se citará a Luis Miguel para que se dé por enterado de la situación jurídica”.

 

El abogado aclara que tiene contratos firmados, pero que la demanda no es por incumplimiento del mismo, sino por fraude: “la demanda no es por incumplimiento de contrato, porque eso sería por la vía civil, estamos demandando un fraude contractual, en el que si no se concilia se prosigue por la vía penal. Estamos en un proceso que se llama ‘Medios Alternos de Solución de Controversias, donde se busca conciliar antes de proseguir penalmente”.

 

Buscan un buen arreglo

 

Bajo esta modalidad, el abogado busca llegar a un acuerdo satisfactorio para su cliente antes de proceder por la vía penal, que si así lo determinara un juez, el demandado podría terminar en prisión. “Buscamos restituir el total del dinero, que por motivos de confidencialidad no puedo dar cifras, pero esa es la intención de la demanda”. Y aclara: “No son siete millones como se ha mencionado, es una cantidad menor”.

 

Cabe señalar que, pese a que Lazo decidió no hablar de números, ha trascendido en diversos medios que la cantidad que está en juego es de 120 millones de pesos (6.1 millones de dólares), más de los  cinco millones de dólares que en un inicio se manejó.

 

A pesar de que la demanda ha sido hecha pública y que se conocen los motivos del pleito legal, ningún representante legal por parte de Luis Miguel ha entablado contacto con los abogados de los Fernández para buscar mediar en el conflicto, o encontrar una solución antes de que se proceda por la vía penal. “Hasta el momento no hemos tenido acercamiento con algún abogado o representante oficial del señor Luis Miguel, se acercó un tercero pero no de manera oficial”, finalizó el abogado Rodrigo Lazo.


 

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